Firme la petición

Nosotros somos contribuyentes de impuestos, padres de familia, estudiantes, y estadounidenses preocupados que apoyamos la llamada publica de una moratoria estatal a la aprobación de escuelas chárteres (SB 756) hasta que se pueda establecer la transparencia, responsabilidad, y provisiones de control que actualmente no existen en el proceso de aprobación.

Aunque existen algunas escuelas chárter que se han aprobado al nivel local con transparencia presupuestaria que incluso publican los salarios de sus ejecutivos y con rendición de cuentas ante el público, la mayoría de las escuelas chárter se han aprovechado de los contribuyentes de impuestos a través de leyes gobernantes para escuelas chárter que son débiles y de poca supervisión por parte de funcionarios a nivel del condado así como estatal.

Investigaciones muestran que en distritos escolares donde sindicatos de maestros recientemente se pusieron en huelga, Oakland y Los Ángeles, escuelas chárter les quitan fondos a las escuelas públicas de $57.3 millones por año en Oakland y $600 millones por año en Los Ángeles. Se estiman que más de 100,000 miembros de la comunidad, padres de familia, alumnos, y apoyadores de maestros en solidaridad marcharon en apoyo de las escuelas públicas en las dos ciudades en el primer trimestre de 2019.

Desde 2006, la agencia estatal de California FCMAT (el Equipo de Crisis Fiscal y Ayuda de Dirección) ha auditado escuelas chárter e identificado $81 millones de fraude, pérdida de dinero, y abuso. Otros expertos de presupuestos escolares estiman $100 millones en fondos públicos perdidos a la corrupción por operadores de chárteres en California  sólo en 2015.
(Fuente: http://populardemocracy.org/sites/default/files/Charter-Schools-California-Report-b.pdf)

Gracias por aprobar SB126, que hace que el Brown Act aplique a escuelas chárteres, que ahora tienen que mantener anotaciones públicas, llevar a cabo reuniones abiertas, y prohibir que sus operadores y empleados claves tengan conflictos de interés.

Sin embargo, en virtud de legislación vigente, no se les exige a las escuelas chárteres:

• Tener transparencia presupuestaria y de salario
• Asegurarse que sus planteles no tengan asbestos y plomo
• Asegurar apoyo local y recursos adecuados para aquellos alumnos que tengan discapacidades
• Tener miembros de las juntas directivas que sean elegidos localmente.
• Realizar un informe sobre el impacto fiscal o académico por las escuelas públicas y chárteres circundantes en una petición para autorización
• Asegurar que los padres tengan supervisión a través de los Consejos de Planteles Escolares y Consejos de Asesoría para Estudiantes del Inglés
• Asegurar que se les haya otorgado a los maestros un permiso, un certificado de acreditación en Pedagogía o cualquier otro equivalente tal como los que se exigen a maestros en escuelas públicas
• Mantener reservas de fondos tal como se les exige a las escuelas públicas

A causa de estos tecnicismos, muchos de estos operadores chárteres explotan el sistema manteniéndose en ello por el dinero sin importarles la educación de los niños. La corrupción es tal como, la organización más grande de escuelas chárteres en los Estados Unidos consiste de intereses extranjeros, sin el conocimiento de los contribuyentes de impuestos, y ellos virtualmente no tienen ningún tipo de supervisión.

Esto tiene que terminar.

Nosotros merecemos algo mejor como contribuyentes y como estadounidenses. Nuestros hijos merecen algo mejor.

Por lo tanto, respectivamente pedimos que remedien estos problemas utilizando su autoridad legislativa, y pasar las versiones más firmes de AB 1505, AB 1506, AB 1507, and SB 756 que puedan, con aportes de comunidades escolares y “grassroots” de todas partes de California.